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Brexit | El Brexit de Boris Johnson: por Inglaterra y contra el derecho internacional – El Salto

Brexit | El Brexit de Boris Johnson: por Inglaterra y contra el derecho internacional - El Salto


El proceso del Brexit sigue dejando escenas de película en la Cámara de los Comunes de Westminster. El martes 8 de septiembre, en un debate sobre Brexit, el ministro conservador para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, admitía abiertamente que el Gobierno se prestaba a saltarse el derecho internacional (“de manera específica y limitada”). 

Se refería al acuerdo de salida firmado con la Unión Europea el pasado 24 de enero. Si bien es cierto que Reino Unido y muchas otras naciones han roto su palabra en el pasado, no hay apenas precedentes de un representante gubernamental reconociéndolo en abierto.

Es cierto que, en cualquier otro contexto, revelar que uno se dispone a quebrantar la ley no es lo más sensato. No es así en el derecho internacional. Este término se refiere al conjunto de tratados, normas, regulaciones y otros que moderan las relaciones entre Estados. La diferencia clave es que, excepto en el caso de tribunales como la Corte Europea o el Tribunal Penal Internacional, no existe una autoridad universalmente reconocida. Su cumplimiento concierne a naciones soberanas y se consigue por presión diplomática y, en última instancia, mediante sanciones o acciones más agresivas.

¿Por qué está dispuesto el gobierno conservador de Boris Johnson a romper la legislación internacional? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Todo empieza y todo acaba en el nuevo constitucionalismo conservador y la reconstrucción de Reino Unido a través del nacionalismo inglés.

¿Sirve de algo seguir afirmando que el gobierno Johnson no tiene palabra?

El origen del problema es una Ley de Mercado Común… para Reino Unido. Una vez abandonado el Mercado Común europeo, es natural que el nuevo país soberano desarrolle sus propios mecanismos para limar barreras comerciales entre las cuatro naciones que lo componen: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Pero sustituir las normas de la UE sobre seguridad alimentaria, transporte, especificaciones no es sencillo y tiene consecuencias fuera y dentro de Gran Bretaña.

En lo referente al conflicto con la Unión Europea, es poco sorprendente que emerja de Irlanda del Norte. El conflicto en la frontera ya fue la clave para hundir los intentos de la anterior Primera Ministra, May, de conseguir un acuerdo de Brexit. 

El sorprendente auge laborista de 2017 puso a los conservadores a merced del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte para poder gobernar. La sola razón de existencia de este partido es el mantenimiento de los condados del Ulster como territorio británico y su separación respecto al resto de la isla de Irlanda. Pero cualquier acuerdo con la UE debía mantener las fronteras abiertas entre la República de Irlanda y el Norte: todos los actores del Acuerdo de Paz de 1997 se habían comprometido a esa libre circulación. Esto era una condición indispensable, que acabó por tumbar la propuesta de May y su sustitución por Johnson.

Hoy, Boris Johnson tiene una mayoría de 80 parlamentarios y no depende de los irlandeses para acordar nada. Y así lo han expresado los redactores de la nueva Ley de Mercado Común británica. Entre otras cosas, permitiría al Gobierno de Londres saltarse cualquier provisión respecto a Irlanda del Norte acordada en el acuerdo de salida de la Unión Europea. Lo más lógico es que esto simplemente haga referencia a las regulaciones sobre, por ejemplo, seguridad alimentaria. Pero la controversia emerge no de los fines, sino de los medios: la manera explícita en la que el borrador de ley anuncia la posibilidad de ignorar cualquier acuerdo firmado con la UE respecto al territorio. 

Lo que ha hecho el Gobierno Johnson con esta propuesta es afirmar, sencillamente, que su palabra no vale nada, ¡ante su principal socio comercial!

Lo que ha hecho el Gobierno Johnson con esta propuesta es afirmar, sencillamente, que su palabra no vale nada, ¡ante su principal socio comercial! Para la Unión Europea, esto se traduciría en una falta absoluta de confianza en cualquier tratado futuro. Por si fuera poco, hasta la misma Nancy Pelosi, portavoz demócrata de la Cámara de Representantes estadounidense, ha afirmado que no puede ponerse en jaque el acuerdo de paz irlandés. Faltar a su palabra podría poner en riesgo cualquier acuerdo comercial entre Reino Unido y Estados Unidos. 

A nivel práctico, la gran baza de Johnson será insistir en que no se está rompiendo ningún acuerdo, apoyándose en su gran mayoría en la Cámara de los Comunes. Por ejemplo, el parlamentario que afirmó, sin dudar, que pretendían renegar de la ley internacional, intentó buscar precedentes históricos. Uno de ellos es una Ley Financiera de 2013, que supuestamente rompía leyes internacionales sobre impuestos. Sin embargo, esa misma ley cuando se aprobó (por el mismo partido conservador) se hizo con la garantía explícita de que no se quebrantaba ninguna norma internacional

¿Cómo podría exigir el Reino Unido reciprocidad en cualquier acuerdo comercial, nuclear… si incumple su palabra de esta manera?

No está tan claro que pudiese aprobarse la ley, tal y como está planteada, en la segunda cámara, la de los Lores. Hasta famosos euroescépticos, como el antiguo líder conservador Michael Howard, han anunciado su disconformidad. ¿Cómo podría exigir el Reino Unido reciprocidad en cualquier acuerdo comercial, nuclear… si incumple su palabra de esta manera? ¿Qué hay de acuerdos tan importantes hace unos meses como el firmado con China respecto a Hong Kong? 

En cualquier caso, de salir adelante, la prueba final para esta ley serán los tribunales: internacionales, y nacionales. De hecho, como hemos dicho, esta nueva propuesta de Mercado Común podría tener consecuencias legales a nivel interno. El deseo del gobierno Johnson de reemplazar Londres por Bruselas no gusta en Escocia y Gales. El motivo principal es, como ha denunciado el Ministro galés para Europa, que supondrá una pérdida de soberanía en múltiples frentes

Por encima de todo, la prerrogativa de Westminster para negociar acuerdos comerciales y la necesidad de mantener un mercado interno podría hacer que todas las condiciones se impusiesen a la baja. Es decir, en un hipotético caso en que Estados Unidos negociase medidas de seguridad alimentaria, Escocia y Gales tendrían que aceptar bajo el riesgo de poner en jaque el acuerdo. Para la Primera Ministra escocesa Nicola Sturgeon, tanto el quiebre internacional como este atropello doméstico suponen un asalto frontal a la descentralización y la igualdad entre naciones del Reino Unido. 

Para el nacionalismo escocés en su conjunto es, sin duda, la mejor carta de presentación ante las elecciones escocesas del año 2021, y un paso más hacia el deseado referéndum de independencia. Para el resto del mundo, cabe preguntarse, ¿sorprende a alguien todavía afirmar que el gobierno de Boris Johnson no tiene palabra?

El nuevo constitucionalismo del partido político más antiguo del mundo

Más allá de las triquiñuelas en el día a día legislativo, lo cierto es que Boris Johnson encarna a la perfección el espíritu de su partido. El término conservador, para referirse al que quizá es el partido político más antiguo del mundo, es absolutamente contradictorio. Como formación política, los conservadores británicos han liderado casi siempre el cambio constitucional en Reino Unido. La nación no tiene una constitución escrita, por lo que su carta magna es el conjunto de legislación más o menos significativa que se ha acumulado desde la redacción de la Magna Carta en 1215. Otros comentaristas, más cínicos, consideran que la ausencia de constitución convierte a los primeros ministros británicos en dictadores temporales.

Sea cual sea la opinión, tras la gran victoria laborista de 1945, el resto de gobiernos auténticamente revolucionarios han sido conservadores. Thatcher es el ejemplo más significativo; pero Cameron y su persecución del dogma austeritario; y ahora Johnson, con el Brexit, son ejemplos de gabinetes conservadores dispuestos a derribar los cimientos del Estado británico una y otra vez.

¿Quién habría pensado que un representante conservador afirmaría quebrantar la legislación internacional? No hay tabúes para los ‘brexiters’; como no los hubo para Thatcher

¿Quién habría pensado que un representante conservador afirmaría quebrantar la legislación internacional? No hay tabúes para los brexiters; como no los hubo para Thatcher. Lo que se intuye es que Boris Johnson pretende recuperar, a toda costa, el Londres de antaño; ante Bruselas, y ante Escocia. El Londres inglés, que no británico; el que no se avergüenza del pasado imperial y trata a los otros miembros de la Unión como socios menores. No hará más concesiones a la doctrina, ampliamente difundida en los años 90, de que las fronteras no importan porque el comercio las hace irrelevantes. Otro ejemplo más de que, a izquierdas y derechas, el término soberanía emerge como un santo grial electoral en tiempos de declive del orden liberal.

Por descontado, no hay que desmerecer tampoco el favorable tratamiento mediático de la derecha. En este caso, el Brexit ha sido el golpe maestro que ha permitido a los conservadores, al igual que a Trump, la reconversión a un nacionalismo que los liberales creían superado. Una combinación de nostalgia, xenofobia e intervencionismo económico selectivo. La derecha europea, aunque todavía centrada en la fracasada austeridad, prácticamente en su totalidad ha abrazado esta combinación de país, frontera y tradición. En ocasiones, el centro-derecha ha pactado directamente con el neofascismo, como en España, Italia o Austria.

Por su parte, desde el choque de Syriza contra Bruselas, hace ya media década, el campo progresista europeo carece de capacidad para confrontar a estas fuerzas en auge. El progresismo peca de inocencia: en ese caso, fue la izquierda de Tsipras la que cumplió con los tratados europeos a rajatabla, como si esperase una recompensa. La nueva derecha insurgente sabe bien que las negociaciones, para ser exitosas, requieren audacia. Corbyn intentó solucionar la cuestión con ambigüedad deliberada y, sobre todo, respeto a la decisión democrática.

En vano advirtió a los británicos el pasado diciembre: Johnson no puede solucionar el Brexit de un plumazo. Efectivamente, el derrotado líder laborista explicaba con paciencia cómo el acuerdo de divorcio con la UE no era más que el principio de un largo proceso con muchas fases. Poco importó su prudencia, mal entendida como indecisión. Moderados y liberales le pedían arrodillarse ante la bandera de las estrellas azules. Patriotas británicos (pero, sobre todo, ingleses) le demandaban que respetase el resultado del referéndum y activase el Brexit. Esa división fue crucial para hundir sus posibilidades (además del constante acoso interno y externo).

Lo cierto es que hoy vemos cómo el laborismo tenía la postura correcta; al igual que hemos visto con la política económica de nacionalizaciones respecto a la pandemia. Tener razón es algo que sucede a menudo en el progresismo y quizá sea su único consuelo. Sin duda, es en la nueva generación de movimientos socialistas, ecologistas, feministas y otros donde existe mayor creatividad y capacidad de gobernar los problemas actuales. Los conservadores y su culto autoritario al mercado no ofrecen ninguna respuesta, ni para la pandemia inmediata, ni para los problemas del futuro.

Sin embargo, es el adversario conservador el único capaz de romper los tabúes necesarios para alcanzar el poder. ¿Será suficiente para el progresismo ofrecer una imagen de competencia, como la de Keir Starmer frente al caótico Boris Johnson, para ganar futuras elecciones? ¿O tendrá que surgir un nuevo constitucionalismo progresista con agallas para cambiar las cosas en tiempos excepcionales, a la manera del partido más viejo del mundo?





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