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Google y Apple dejan de pagar impuestos en el mundo

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Gigantes tecnológicos como Google o Apple; pero también colosos de otros sectores como Starbucks o Ikea, han exprimido al máximo la ingeniería fiscal para rebajar el pago de impuestos.

Acuerdos a la carta, empresas sin trabajadores y miles de millones que cada año se esfuman en el medio del Atlántico.

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El resultado es sabido: el impuesto de sociedades ha perdido fuelle y la competencia fiscal entre Estados se ha exacerbado.

Pero las reglas del juego empiezan a cambiar: tras casi ocho años de negociaciones; finalmente se ha alcanzado un acuerdo internacional para poner freno a estas prácticas.

El G-20 ha validado este sábado el acuerdo alcanzado en la OCDE; para fijar un impuesto mínimo de sociedades a las multinacionales y establecer un sistema para que paguen ahí donde operan; aunque no tengan presencia física.

Susana Ruiz; responsable de Justicia Fiscal de Oxfam, considera que el acuerdo “es un avance desde un punto de vista de principios y teórica; pero es muy malo en la práctica”.

Explica que los detalles técnicos; que no se conocerán por lo menos hasta octubre, incidirán en el alcance de un pacto que de partida considera poco ambicioso: el tipo mínimo es bajo; la redistribución de los derechos impositivos afectará a muy pocas empresas; los Estados tendrán que retirar las medidas unilaterales que ya tenían en marcha; como la tasa Google en España, y es injusto para los países en desarrollo.

Santiago Díaz de Sarralde; profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, también coincide en que hay un “avance” en términos de principios.

“Se permite una tributación mínima para evitar la competencia a la baja y el reparto de ingresos ya no se va a basar en la residencia. Desde un punto de vista más práctico se obligará a compartir mucha más información sobre la actividad de las multinacionales; pero la valoración del impacto recaudatorio para cada país es todavía muy difícil de realizar”; matiza.

El interés acerca del resultado de las negociaciones no es baladí. Las multinacionales desvían cada año cerca del 40% de sus beneficios a territorios de baja o nula tributación a través de complejos entramados societarios; que han proliferado al calor de la globalización y la digitalización de la economía.

Este porcentaje ascendía a casi 600.000 millones de euros en 2017, según un estudio elaborado por investigadores de las universidades de Berkeley y Copenhague.

Esa cantidad supone cerca de la mitad del PIB de España y provoca pérdidas millonarias para las arcas públicas a nivel global, al reducir las bases sobre las que se pagan impuestos.

El agujero fiscal se acerca a los 170.000 millones; en el caso de España, el boquete es de unos 3.500 millones al año. Lo curioso es que el grueso de este dinero no acaba directamente en los clásicos paraísos fiscales; islas de ensueño en el medio del Caribe que durante años han copado el imaginario colectivo.

Los receptores de la casi totalidad de estas cantidades son vecinos europeos, con Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda a la cabeza.

De Irlanda a Bermudas

Irlanda pasó de ser uno de los primeros Estados en pedir el rescate durante la Gran Recesión a registrar una tasa de crecimiento espectacular pocos años después, de más del 25%.

Los analistas coincidieron entonces en que el dato estaba inflado, y que buena parte de la distorsión se debía a la ingente llegada de inversión extranjera atraída por las generosas ventajas fiscales que el país ofrecía a las multinacionales.

La isla ya había abrazado décadas antes políticas fiscales laxas que la convirtieron en uno de los destinos favoritos de grandes corporaciones.

En los ochenta impulsó la creación de una zona económica especial en Dublín; a lo que siguió la puesta en marcha de esquemas para rebajar la factura fiscal de las multinacionales y la reducción del tipo legal de sociedades al 12,5% ―que continúa siendo uno de los más bajos del entorno; donde la media es del 22%―.

Estas medidas propiciaron un bum económico sin precedentes, al punto que el país se ganó en los noventa el apodo de tigre celta; en una analogía con la expansión vivida a finales del siglo XX por los llamados tigres asiáticos; como Corea del Sur y Singapur.

Una de las estratagemas más usadas por las multinacionales extranjeras era el esquema conocido como doble irlandés; que debe mucha de su notoriedad a las grandes tecnológicas estadounidenses.

Google, por ejemplo, movió en los últimos años miles de millones a las Islas Bermudas; que no grava los beneficios empresariales.

¿Cómo lo hizo? A través de una empresa domiciliada en Dublín y otra en el archipiélago del Caribe; con el cual Irlanda tiene un convenio. La primera factura todo los ingresos generados en los demás mercados; como el español, ya que las sucursales locales se consideran como comisionistas. Después; desembolsa elevadas cantidades a la empresa ubicada en Bermudas por el uso de los derechos de propiedad intelectual ―tecnologías, patentes, etcétera― de la que esta es propietaria.

Un problema adicional es que los precios de estos derechos no son públicos; y su valor de mercado es prácticamente imposible de establecer. ¿Cuánto vale la marca de Apple? ¿Y cuál es el precio que se debería pagar para usar el nombre de McDonald’s; internacionalmente conocido? “El tema de los precios de transferencia siempre está encima de la mesa y es un rompecabezas. Con las actividades digitales ya no valen las reglas de toda la vida”; reconoce José María Peláez, inspector de Hacienda.

Dublín aceptó eliminar el doble irlandés en 2015 bajo presión de Bruselas; aunque permitió que las empresas instaladas en el país antes de ese año, como Apple o Google; se acogieran a un régimen transitorio hasta 2020.

En realidad; siguen existiendo beneficios fiscales y esquemas ventajosos; por lo que “las empresas terminan gozando de la tributación final que tenían hasta ahora en Irlanda”; subraya Guillermo Sánchez-Archidona, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.

Irlanda, uno de los socios europeos más reacios a cambiar las reglas de la fiscalidad comunitaria; es también uno de los tres países europeos que ha rechazado firmar el acuerdo de la OCDE, junto con Hungría y Estonia.

Al doble irlandés se suele sumar un esquema de triangulación conocido como sándwich holandés. Los Países Bajos; uno de los que más pegas puso al fondo europeo de recuperación, es otro Estado que ofrece cuantiosas ventajas fiscales a los grandes grupos: se ha especializado en tratamientos privilegiados para los holdings y cuenta con varios acuerdos de doble imposición con países de baja tributación.

El sistema del sándwich holandés se suele combinar con el doble irlandés. Se crea una tercera sociedad en los Países Bajos, y otra en un territorio de baja tributación, por ejemplo las Antillas holandesas. La empresa de Irlanda paga regalías a la sociedad intermedia de Países Bajos por derechos de uso de la marca ―que son fiscalmente exentos―, que a su vez los desvía a la jurisdicción fiscalmente más favorable. “Se vacían los beneficios de los países donde están las filiales”, resume Peláez. “Quizás lo más peculiar es que son países de la UE los que están haciendo una competencia feroz, pero para cambiar las reglas se requiere unanimidad”.

Este requisito es una de las razones por las que muchas de las iniciativas implementadas por la UE para mejorar la transparencia y atajar la elusión fiscal de las multinacionales han sido frenadas en seco. Con el veto de tan solo uno de los socios, ningún cambio en materia de fiscalidad puede salir adelante. Pasó en 2019, cuando fracasó la propuesta de hacer públicos los beneficios e impuestos pagados por las multinacionales país por país. Esta medida finalmente se aprobó este año, al tratarse como un asunto de competitividad para evitar la regla del consenso. Aun así, seis países votaron en contra. Lo mismo ocurrió con la tasa digital.

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