Política

La semana política | Somos Europa – El Salto

La semana política | Somos Europa - El Salto


Sesión de control al Gobierno. Como es habitual, hasta entrada la mañana, no aparecen temas sustantivos. Primero, un resumen de la actualidad al filo del periodismo amarillento. Esta semana es EH Bildu y su apoyo a los presupuestos. El partido abertzale está encantado de su protagonismo. El PP y Vox están encantados de devolver a la ETA al primer plano de la actualidad. Es algo fácil de comprender para sus votantes más veteranos. Lo que viene después no es sencillo de entender. Viene después Ana Oramas. Es difícil no atender cuando Oramas habla. Diputada de Coalición Canaria, de la clase patricia de las islas, siempre un punto por encima de los demás en su teatralización política. Son muchos años sobre las tablas.

Con ella entra, por fin, la realidad en el debate del miércoles. La situación en las Islas Canarias es difícil. Probablemente, la más difícil de todos los territorios de España. “¿Somos España? ¿Somos Europa?” pregunta la diputada de Coalición Canaria. Lo de menos es el tono, en cuanto ella nunca va a sufrir la situación que denuncia. Pero, al exponer los hechos, Oramas tensa realmente al Parlamento. Conecta el teatro envenenado y francamente soporífero entre lo progre y lo facha con la realidad del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. “No tenemos capacidad de acogida, no hay trabajo, no hay comida”, enuncia Oramas antes de lanzar esas preguntas. Se dirige a la menos española —a la más europea— de las ministras, Nadia Calviño, que le devuelve cifras y le reprocha su tono hiperbólico.

Por primera vez desde que comenzaron las denuncias sobre la situación en Arguineguín, el Gobierno reconoce que las circunstancias en el muelle “no eran las más adecuadas para seres humanos”

“¿Somos Europa?”, la pregunta de la diputada flota un rato más en el aire. Como la respuesta es afirmativa se debe añadir un asterisco para explicar por qué es pertinente la cuestión. El asterisco lleva a un titular de Sarah Babiker publicado el pasado martes. Canarias es este otoño el epicentro de la Europa Fortaleza. Lo es para quienes llegan desde las costas de Mauritania y Senegal. Aunque el Ejecutivo quiere que el asterisco, la pregunta, se capte entre quienes llegan ¿a Europa? ¿o a una Europa de tipo B, una especie de entrada de servicio? Preguntas que llevan a otra pregunta, ¿se está convirtiendo Canarias en una plataforma de expulsión de personas migrantes? ¿En un territorio como Lesbos, donde la legalidad europea queda flotando sobre el éter?

Fernando Grande-Marlaska y Alfredo Pérez Rubalcaba

Dos ministros de Interior Fernando Grande-Marlaska (actualmente en el cargo) y Alfredo Pérez Rubalcaba (2006-2011). Foto de Interior.

Las razones de Marlaska

18.000 personas han llegado al archipiélago en lo que va de 2020. Esta semana, tras unas cuantas haciéndolo sin ruido, el Gobierno ha reconocido abiertamente que comienza el traslado gota a gota de personas de origen migrante desde Gran Canaria hasta la península. Esta semana ha abierto el nuevo e improvisado Centro de Atención Temporal a Extranjeros de Barranco Seco para trasladar a 200 personas a sus barracones. Esta semana, “un error” hizo que 227 de ellas pudieran salir del muelle. Fueron a hoteles de la isla pero, el solo hecho de que estuvieran “sueltos sin nada” —la expresión es del eurodiputado ultraderechista Hermann Tertsch—, sirvió para agitar el discurso xenófobo y su complemento ambivalente, el discurso securitario. Esta semana, por primera vez desde que comenzaron las denuncias sobre la situación en Arguineguín, el Gobierno reconoce que las circunstancias en el muelle “no eran las más adecuadas para seres humanos”. Hacerlo tiene un efecto contrario al que se pretende, en cuanto supone introducir un principio de realidad en el circo de las declaraciones. Comienza a discutirse si el Gobierno es “blando” porque favorece eso que, en el lenguaje habitual, se llama el “efecto llamada”.

De alguna manera retorcida, las peticiones de dimisión de Grande-Marlaska, son insólitas, carecen de sentido. Porque Fernando Grande-Marlaska solo hace lo que le indica la “razón de Estado”. Nadie hubiera hecho nada distinto desde la posición que ocupa el actual ministro. (Nadie que tenga el estómago para llegar adonde está Grande-Marlaska, se entiende). La razón de Estado en materia de migración está escrita en el libreto de Interior desde los tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro al que se debe atribuir el modelo español de fronteras vigente. El Partido Popular siguió ese libreto, añadiendo algunas líneas propias, como la reglamentación de las devoluciones en caliente. Pero no modificó la ruta. Como país mediterráneo, España se ha especializado en la expulsión por medio de acuerdos bilaterales con los países de origen: Marruecos, Mauritania, Argelia.

Según los datos que maneja el Ministerio de Escrivá, España debe integrar una media de 270.000 personas migrantes anuales de aquí a 2050 debido al envejecimiento de la población

Por eso Grande-Marlaska se defendió de manera algo torpe, desorientado, cuando la diputada Ana Belén Vázquez, del Partido Popular, lanzó sus andanadas verbales sobre la situación en Canarias. Porque en la oposición vale todo. Vázquez puede hablar de migrantes “hacinados como ganado” y a la vez pedir más mano dura contra los 227 que quedaron “libres” durante unas horas tras salir del muelle de Arguineguín. La diputada del PP resumió la esquizofrenia de un partido al que Vox le está segando la hierba bajo los pies: “ni racismo ni buenismo”. O, lo que es lo mismo, un racismo que no quiere reconocerse como tal, dibujado por esa razón de Estado que puso en marcha los Centros de Internamiento para Extranjeros, los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, los Centros de Atención Temporal de Extranjeros. Una razón que ve en la militarización de fronteras el beneficio de Indra y otras multinacionales de la marca España.

Un racismo consensuado y socialmente mayoritario. Apoyado por la Unión Europea, como el propio Grande-Marlaska se encargó de recordar este 20 de noviembre: Las políticas migratorias, que son del conjunto de la UE, y no solo de España, explicó, impiden el traslado de personas migrantes a la península. La pregunta de Ana Oramas flota otra vez: ¿es que Canarias no es Europa?

Razón de Estado utilitaria

La razón de Estado, que comparten Grande-Marlaska y sus homólogos en el Partido Popular (también Ana Oramas) no atiende a otra razón de Estado, la que quiere introducir el discurso utilitarista allí donde todo es discurso utilitarista. El ministro de Seguridad Social y Migraciones lo ha explicitado siempre que ha tenido ocasión. La viabilidad del sistema de pensiones pasa por la entrada de migrantes-cotizantes en el sistema, en un número que revienta la cifra de personas varadas en Gran Canaria. Según los datos que maneja el Ministerio de Escrivá, España debe integrar una media de 270.000 migrantes anuales de aquí a 2050 debido al envejecimiento de la población. Las estadísticas dicen que son extranjeras el 42% de las personas integradas en el sistema especial de trabajo doméstico dentro del régimen general de la Seguridad Social y que una de cada cuatro personas que trabajan en el campo son migrantes.

Aunque se oponen, las razones de Interior y de Seguridad Social, sin embargo, convergen en la percepción mayoritaria sobre la migración en España. El miércoles, Oxfam hacía público el informe La otra mirada, elaborado por la investigadora Eva Garzón. El estudio, basado en mil encuestas, establece como mayoritario —el 46%— un segmento de población en cuanto a su concepción sobre las migraciones. Son las personas “ambivalentes” contra la migración, cuyas percepciones y actitudes tienen “gran influencia en la fotografía general de las percepciones y actitudes de la ciudadanía en España”. Es el grupo que conforma, por tanto, el consenso general sobre migraciones, en mayor medida que las personas que son ambivalentes pero están a favor de la migración.

En los últimos dos años ha crecido el porcentaje de personas que se manifiestan abiertamente en contra de los migrantes. Es el sector más racista, que integra el 22% de la población. El grupo más minoritario en la sociedad, el abiertamente pro migración, que no tiene un discurso instrumentalista, lo forma el 7% de la población (hace dos años era el 12%). No se corresponde, ni de lejos, con el voto de izquierdas en España descontado el PSOE.

Esa mayoría ambivalente contra la migración es la que más personas migrantes ha contratado para su cuidado o para sus empresas, pero también la que refiere que la ayuda a la población migrante, de haberla, se tiene que prestar en origen, para evitar que “sigan viniendo”. Un racionalismo que desmontan los hechos: no existe la presión migratoria. Más del 60% de extranjeros que viven en España son europeos, según el Defensor del Pueblo. El número de extranjeros con autorización de residencia de larga duración representa casi el 84 % de las autorizaciones de residencia en régimen general. Traducido quiere decir, que ocho de cada diez personas migrantes llevan más de ocho años viviendo aquí.

Pero esos datos no evita que se extienda un argumentario extendido y transversal, que poco veladamente se declina pronto en la necesidad de evitar lo que consideran “la avalancha”. Explica Eva Garzón que los ambivalentes contra la migración “se declaran ligeramente más racistas que el grupo pro y que el ambivalente pro, y su posicionamiento ideológico es de centro o centro izquierda”. La radiografía encaja como un guante con la razón de Estado, con el justo término medio que encarnan, cada uno a su manera, Grande-Marlaska y Escrivá. El grueso de la ciudadanía cabe en esa frase “ni racistas ni buenistas” que enarboló la diputada del Partido Popular. Ni racistas, ni buenistas: europeos. De la Europa fortaleza, para más señas.



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