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Minería | Andalucía, Aragón y Castilla y León investigan con fondos europeos a organizaciones ecologistas y plataformas contra la minería – El Salto

Minería | Andalucía, Aragón y Castilla y León investigan con fondos europeos a organizaciones ecologistas y plataformas contra la minería - El Salto


El proyecto Regiones Mineras y Metalúrgicas de Europa (Mireu) compuesto por una treintena de socios —entre ellos entidades gubernamentales y organizaciones adscritas a los gobiernos de Andalucía, Aragón y Castilla y León— busca, oficialmente, “establecer una red de regiones mineras y metalúrgicas europeas”, con objetivos como compartir información y experiencias.

Sin embargo, 31 colectivos de Bosnia, Finlandia, Grecia, Irlanda, España, Portugal y Eslovaquia ha denunciado ante la Comisión Europea que el proyecto tiene entre sus fines la creación de una base de datos sobre la aceptación social de la minería y el compartir estrategias sobre cómo convencer a la población para que no se oponga a determinados proyectos, a pesar del deber de neutralidad e imparcialidad al que están sujetas las administraciones públicas en este ámbito.

En España, las organizaciones denunciantes, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, han hecho público que Mireu ha realizado un mapeo con 25 estudios de casos de conflictos mineros repartidos por el territorio, para lo cual “recogió información detallada sobre las plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas que se oponían a dichos proyectos”, denuncia la confederación defensora del medio ambiente. 

Entre los proyectos investigados se encuentran varios rechazados por amplias capas de la sociedad local y el tejido social regional, además de por organizaciones ecologistas. Es el caso de las minas de uranio y de wolframio en Retortillo y Barruecopardo, en Salamanca; la mina de litio de la sierra de Cáceres; la explotación de cobre de Alconchel, en Badajoz; la mina de cobre de Las Cruces, en Sevilla; o los fracasados proyectos de minas galegas en Touro y Corcoesto.

Administración parcial

Ecologistas en Acción denuncia que administraciones y entes públicos “se dediquen a investigar, compilar y analizar información sobre grupos que se oponen a determinados proyectos mineros y sobre los que esas mismas administraciones deben tomar decisiones”. 

Es el caso de la Junta de la Junta de Castilla y León, responsable del polémico proyecto de mina de uranio en Retortillo; la Junta de Andalucía, en relación a la mina de Cobre Las Cruces; o el Gobierno de Aragón, con el caso de Mina Muga, un proyecto de extracción de potasas en el entorno inestable del embalse de Yesa, cuyas competencias comparte con el Gobierno central y el foral de Navarra a través de un convenio de encomienda, y que ya ha recibido Declaración de Impacto Ambiental favorable del Ministerio.

Ecologistas en Acción, organización que aparece en las investigaciones del Mireu, ha presentado alegaciones o interponiendo acciones judiciales en todos estos proyectos.

Las 31 organizaciones demandantes exigen a la Comisión Europea que “realice una auditoría del proyecto, independientemente de las acciones que se puedan iniciar en relación a las administraciones y entes públicos involucrados para pedir responsabilidades”.

Los socios españoles del proyecto, financiado con tres millones de euros de fondos europeos, son las consejerías de industria de Andalucía y Castilla y León, el Instituto Aragonés de Fomento, la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, y la Fundación ICAMCyL (Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León).

Asimismo, Ecologistas en Acción se ha dirigido a los responsables de Mireu, para exigirles que se facilite la información recogida sobre los colectivos ecologistas y las plataformas ciudadanas.



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